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Juzgan en Cádiz a dos policías presuntos miembros de una red que introducía hachís por la aduana

12/01/2009
La Audiencia Provincial de Cádiz juzga a partir de hoy a una red que introducía hachís desde Marruecos en camiones por la Aduana de Cádiz en el que estaban implicadas 13 personas, entre ellos un funcionario de la Vigilancia Aduanera y dos policías nacionales.

Un guardia civil al que también quisieron comprar para que se implicara en la trama fue el que puso los hechos en conocimiento de sus superiores y la Fiscalía, informó hoy la agencia Europa Press.

Según el escrito de calificación de la Fiscalía, los hechos se remontan a 2001, cuando dos de los imputados supuestamente habían creado una infraestructura para introducir elevadas cantidades de hachís aprovechando los negocios de transportes que explotaban de manera lícita, contando para ello con un buen número de personas que colaboraban en la actividad ilícita del tráfico de droga.

La forma de operar consistía en ocultar la droga en camiones de gran tonelaje, bien entre la carga o bien en dobles fondos preparados para ello, que procedían de Marruecos, para después enviar la droga a diferentes puntos de España y a Holanda y Bélgica.

Así, en los últimos meses de 2001, decidieron realizar varios pases de hachís por la Aduana de Cádiz, contando para ello presuntamente con la colaboración de un funcionario de Vigilancia Aduanera y dos policía nacionales, uno de ellos suspendido en aquella época por estar imputado en un delito contra la salud pública.

La Fiscalía asegura que intentaron comprar también a un agente de la Guardia Civil destinado en el muelle de Cádiz, que puso los hechos en conocimiento de sus superiores y de la Fiscalía.

Así, tras recibir la oferta, decidieron hacer creer a sus interlocutores que aceptaba el ofrecimiento de recibir dinero (unos 38 millones de pesetas) a cambio de permitir el paso de la droga.

Finalmente, en la operación interceptaron dos camiones con más de 5.000 kilos de hachís, siendo detenidos 13 personas en la red, para los que la Fiscalía imputa delitos contra la salud pública, cohecho activo y cohecho pasivo, además de falsedad en documento oficial, pidiendo para los dos organizadores penas de once años y nueve meses de prisión.