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Fijado para el 21 el juicio laboral del quinto marroquí de Cartaya ilegalmente explotado

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| 15/10/2009

Fijado para el 21 el juicio laboral del quinto marroquí de Cartaya ilegalmente explotado

El juicio laboral del quinto marroquí de los cinco que fueron explotados ilegalmente por un empresario el pasado año en la localidad de Cartaya (Huelva) se celebrará el próximo 21 de octubre en el Juzgado de lo Social número 1 de Huelva y la defensa de las víctimas, el letrado Fernando Osuna, pide el pago de 16.000 euros para los afectados.

En declaraciones, Osuna apuntó que este proceso es independiente del que se sigue por vía penal en uno de los juzgados de Ayamonte por la conducta del aludido empresario marroquí afincado en Cartaya, y que fue imputado en proceso penal por ser el presunto autor "de delitos de estafa, coacciones y lesiones", según informó Europa Press.

El juicio del resto de los marroquíes tuvo lugar el pasado 1 de octubre quedó visto para sentencia. En este sentido, Osuna explicó que esta vía es "para reclamar los salarios que el empresario les adeuda que, pese al impacto recibido por la sociedad por estos hechos, dichos salarios aún no han sido abonados".

Por su parte, el juzgado acordó la libertad provisional del empresario, el cual ya ha declarado y ha negado los hechos, según indicó el letrado, quien aseguró que el atestado de la Guardia Civil "ha servido de prueba de cargo, junto a las declaraciones de los cinco trabajadores, las cuales son firmes y unánimes y no ofrecen dudas sobre la veracidad de lo ocurrido".

La llegada de estos inmigrantes a España supuestamente fue facilitada por el imputado, previo pago de 7.500 euros cada uno, a los que prometió, una vez regularizada su situación, unas condiciones de trabajo y salario posteriormente incumplidas, que incluía unos beneficios mínimos por su trabajo en un taller de confección de unos 1.500 euros y alojamiento sin ningún coste, al ser la vivienda propiedad del empresario, siendo, por el contrario, sus condiciones actuales de "auténtica explotación laboral", ya que "por dos meses de trabajo les pagó 200 euros a repartir entre los cinco denunciantes".

Cuando los agentes accedieron al interior del taller de confección encontraron que nueve personas compartían, con varias máquinas textiles, una superficie de 60 metros cuadrados, en unas condiciones de "total hacinamiento, sin ventilación y con escasa iluminación y trabajando 14 y 15 horas al día".