El veredicto final contra los acusados en el denominado caso Comanav, se pronunciará el próximo miércoles, 21 de febrero.

En la última audición celebrada el 13 de febrero, en el tribunal de apelación de Rabat, la defensa ha considerado que las conversaciones telefónicas entre los seis acusados, sobre las cuales la policía judicial ha basado en sus informes, sin investigaciones, no constituyen "un acto criminal", subrayando que el caso carece de "base legal", pidiendo la absolución de los acusados y el levantamiento de la prohibición para salir del país.

Por una parte, la defensa de los acusados en este caso, acusó el ex alcalde de Tánger, Samir Abdeloula de "aprovechar su adhesión política (Partido Justicia y Desarrollo, en el poder) para fabricar el caso y ajustar cuentas antiguas con el ex director general de Comanav, Taoufik Ibrahimi, y con algunos sindicalistas".

El abogado defensor, Abdelrahim Al Jamii, preguntó durante la audiencia sobre los "motivos que han dejado que el ex ministro de Transporte, Karim Ghallab, no intervenir en este caso".

Por otra parte, la fiscalía ha manifestado que los cargos contra los seis acusados perseguidos en el caso ‘Comanav’ fueron probados, incluyendo "la constitución de una banda criminal" y los crímenes de la "divulgación de secretos profesionales, la participación y la interferencia a la libertad de trabajo", acusaciones confirmadas por el contenido de conversaciones telefónicas.

La acusación había reiterado el 8 de diciembre la petición de condena contra los acusados, mientras que la defensa había estimado, después de escuchar las grabación, que hay una discrepancia entre el acta de la policía judicial y esta grabación. El tribunal decidió aplazar las audiencias dedicadas a la defensa a los días 18, 30 de enero y 6 de febrero.

Origen del caso Comanav

El caso Comanav se remonta al pasado 19 de junio de 2012, cuando algunos ex funcionarios, ejecutivos y funcionarios de la empresa fueron acusados por el delito de "constitución de una banda criminal para el sabotaje de las instituciones públicas (puertos y buques), la seguridad interior del Estado, participación y divulgación de los secretos profesionales y la interferencia a la libertad de trabajo".

Asimismo un total de siete personas están acusadas por este delito, uno de ellos en libertad provisional y bajo el control judicial. Entre los arrestados figuran el ex director general de la sociedad marítima, Taoufik Ibrahimi; el ex director de recursos humanos, Mohamed Rami así como varios sindicalistas como el secretario general de UMT Casablanca, Saïd El Hireich y el secretario general del Mar de UMT, Mohamed Chamchati.