EFE

El Gobierno de Marruecos aseguró el pasado 23 de octubre, que velará por el funcionamiento normal de los servicios públicos ante la huelga general convocada por las principales centrales sindicales del país el próximo 29 de octubre.

En una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el ministro de Comunicación y portavoz del Ejecutivo, Mustafa Jalfi, indicó que el Gobierno cumplirá su "responsabilidad de garantizar el funcionamiento de los servicios públicos" y velará por no "perturbar la libertad del trabajo".

Jalfi calificó de "injustificable" la decisión de los sindicatos y apuntó que el Gobierno en varias ocasiones expresó su disposición a celebrar el diálogo social, pero matizó que sus intentos para convencer a los sindicatos de renunciar a la huelga general "no dieron resultados".

Sobre si habrá penalización salarial para los huelguistas, el ministro respondió que esas penalizaciones (que no existían hasta 2012) son "una medida legal".

Las tres centrales sindicales más representativas de Marruecos la Unión Marroquí del Trabajo, Confederación Democrática del Trabajo (CDT) -ambas de tendencia izquierdista- y la Federación Democrática del Trabajo (FDT que nació como escisión de la CDT) convocaron una huelga general de 24 horas para el próximo miércoles.

En esta convocatoria, a la que se sumaron una veintena de sindicatos, las organizaciones profesionales denuncian las medidas tomadas por el Gobierno como las últimas subidas de los precios de combustibles de automoción, de electricidad y agua, así como la reforma que plantea el Gobierno del sistema de subvenciones de los productos de primera necesidad.

Asimismo, los sindicatos denuncian también la prevista reforma gubernamental del sistema de pensiones (en grave situación de déficit) como el elevar la edad de jubilación y la subida de las cotizaciones.

El Gobierno, encabezado por el islamista Partido Justicia y Desarrollo (PJD), está llevando a cabo desde su formación en 2012 una serie de medidas "impopulares" al acabar con el acceso directo de jóvenes licenciados en paro a la función pública y vincularlo con oposiciones profesionales, o la penalización salarial a los huelguistas.

Una de las medidas más difíciles a las que se ha atrevido el Gobierno ha sido la reforma gradual de la Caja de Compensación (que subvenciona el precio de los productos de primera necesidad como el gas butano y harina) comenzado por dejar de subvencionar el precio de los combustibles de automoción.