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JUDICIAL

Seminario del Centro Atlántico de Estudios Judiciales

 |  27/04/2011
Seminario del Centro Atlántico de Estudios Judiciales Marruecos participa en el primer seminario del Centro Atlántico de Estudios Judiciales (CAJ), organizado en Las Palmas por el gobierno canario, el Consejo General del Poder judicial y Casa África.

El seminario, que finaliza el viernes 29 cuenta con la participación de representantes de España, Senegal, Mauritania, Cabo Verde y Guinea Ecuatorial, se centra en dos principales temas, a saber, la cooperación penal internacional y la delincuencia transnacional.

En su intervención en el marco de la discusión del tema de la cooperación penal internacional, la presidenta de Cámara en la Corte Suprema y miembro de la delegación marroquí, Naziha Harrak, indicó que la ayuda judicial mutua, la extradición, el traslado de prisioneros y la transferencia de procedimientos penales son los principales mecanismos de esta cooperación.

Algunos de estos mecanismos, según ella, “se inscriben en el marco de la cooperación internacional establecida por las convenciones de Naciones Unidas contra la criminalidad internacional organizada, la corrupción y el financiamiento del terrorismo, y por varios otros instrumentos multilaterales a nivel mundial y regional”.

Marruecos, que se adhirió a un gran número de instrumentos jurídicos en materia de lucha contra el crimen, “desplegó un esfuerzo considerable en materia de armonización de su legislación penal para estar en sintonía con las normas internacionales”.

Igualmente, Harrak dedicó una parte de su intervención a la cooperación bilateral entre Marruecos y España que, para ella, “es una experiencia muy rica y constituye una referencia en la materia”.

La delegación marroquí abarca también el presidente de Cámara y jefe del departamento de la modernización y las perspectivas del futuro en la Corte Suprema, Brahim Zaim, y a otros dos jueces.

El CAJ ha sido creado a raíz de un convenio firmado en julio de 2010 entre el gobierno canario y el Consejo general del poder civil y al cual se han adherido, en diciembre del mismo año, las cortes supremas de Marruecos, Mauritania, Senegal, Cabo Verde y Guinea Ecuatorial.
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