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INFORME

La ONU muestra su "preocupación" por las denuncias de amenazas y malos tratos hechas por los detenidos del 11-M

 |  10/02/2009
La ONU muestra su
El Relator Especial de la ONU para la promoción de los derechos humanos, Martin Scheinin, ha alabado los "esfuerzos" de las autoridades españolas para enjuiciar de forma "transparente" a los detenidos tras los atentados del 11-M pero muestra sus "reservas" a algunas actuaciones desarrolladas en el proceso de instrucción. En concreto, muestra su "preocupación" por las denuncias de amenazas y malos tratos efectuadas por los detenidos.

En un informe redactado tras su visita a España en mayo de 2008, y recogido por Europa Press, el Relator de la ONU recuerda que "unas 120 personas" fueron detenidas tras los atentados y sometidas a régimen de incomunicación. "Al Relator Especial le preocupan las denuncias de interrogatorios constantes sin la presencia de un abogado, combinados con amenazas asociadas al origen de los detenidos, privación de sueño y, en algunos casos, el uso de la fuerza física", expone.

Además, se pregunta si en algunos casos se recurrió al régimen de incomunicación para obtener información que pudiera ayudar en las investigaciones "y no únicamente información relacionada con los sospechosos de terrorismo". Por ello, recuerda que el derecho internacional no sólo garantiza el derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo sino que también prohíbe la presentación ante un tribunal de pruebas que se hayan obtenido mediante métodos de coacción física o psicológica.

Para el Relator de la ONU reviste especial preocupación el hecho de que la mayoría de denuncias de malos tratos físicos y psicológicos presentadas ante el juez de instrucción fuesen "ignoradas". Además, apunta que la única denuncia por malos tratos que dio lugar a una investigación fue presentada por un ciudadano español.

El informe también aborda la situación de prisión provisional que se decretó para la mayoría de los detenidos y recuerda que están además sometidos a régimen cerrado, "que incluye un estricto control de todas las comunicaciones". A este respecto, señala que la "pauta general" de dar a los presos de terrorismo internacional "un trato diferente" al del resto de los internos en prisión provisional "puede afectar negativamente al derecho a la presunción de inocencia".

Además, recuerda que los detenidos fueron dispersados por las cárceles españolas y considera que esto les afectó "negativamente de forma considerable", sobretodo en los casos en los que la defensa estaba a cargo de un letrado de oficio residente en Madrid "al que no se remuneró de manera suficiente para pagar los viajes necesarios para reunirse con sus clientes".

Sobre el trato otorgado a los detenidos por los funcionarios de prisiones, el Relator advierte de el personal de instituciones penitenciarias "no parecía cooperar plenamente a la hora de facilitar las reuniones entre los abogados y sus clientes".

Además, advierte de casos de "insultos relacionados con la religión", como arrojar el Corán al suelo o romperlo y "poner dificultades para practicar la oración" y recuerda que el respeto del principio de no discriminación es "esencial" para "una lucha eficaz contra el terrorismo".


Vuelos de la CIA

El informe del Relator también dedica un apartado a los vuelos de la CIA a Guantánamo que hicieron escala en España o sobrevolaron su territorio. Así, confiesa que las autoridades españolas le informaron de que esos vuelos habían aterrizado en aeropuertos civiles españoles "pero no había pruebas de que se hubieran producido violaciones de los derechos humanos".

Además, señala que las investigaciones de la Guardia Civil concluyen que los ocupantes de esos vuelos "no realizaron actividades ilícitas durante sus escalas en Palma de Mallorca".

De esta forma, reconoce estar "profundamente preocupado" por el internamiento de presos en centros secretos y recuerda que "la entrega extrajudicial entraña de por sí graves violaciones de los derechos humanos. Por ello, muestra su preocupación por las informaciones referentes a "la posible aprobación por España" a principios de 2002 del traslado de prisioneros a Guantánamo en vuelos de la CIA con escala en aeropuertos españoles.

"El Relator exhorta a España a respetar la obligación internacional de realizar una investigación completa, efectiva e independiente de los casos de participación en entregas extrajudiciales y adoptar medidas eficaces para que esos actos no se repitan, revisando las prácticas y políticas que pudieran haber facilitado esos incidentes", defiende.

Además, asegura que las autoridades reconocieron que en 2002 funcionarios españoles estuvieron presentes en interrogatorios de varias personas detenidas en Guantánamo y, a raíz de ello, dos hombres fueron trasladados a España para ser juzgados. Sin embargo, celebra que el Tribunal Supremo decidiera declarar nulas y sin valor todas las pruebas obtenidas en Guantánamo.
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