La huelga nacional prevista el miércoles 29 de octubre "no es una solución" a las cuestiones pendientes y el gobierno anunciará el mismo día "una buena noticia", aseguró el pasado lunes 27 en Rabat, el jefe del gobierno y secretario general del Partido Justicia y desarrollo (PJD), Abdelilah Benkirán.

Benkirán destacó en el mismo encuentro de coordinación y consulta sobre el proyecto de ley de finanzas 2015,  mantenido por los líderes de los partidos mayoritarios junto los miembros de los grupos y los grupos parlamentarios mayoritarios, que el gobierno continuará con  las reformas que anunció en su programa que incluye la ley de jubilación.

En este sentido el jefe del Gobierno aseguró que los “constantes intentos para socavar y perturbar al gobierno no le impedirá seguir con  las reformas necesarias”.
 
Por su parte, el Ministro de Vivienda, Urbanismo y de la política de la Cuidad, secretario general del partido del progreso y el socialismo (PPS), Nabil Benabdellah, hizo un llamamiento con el fin de parar cualquier maniobra que pretende crear un clima de tensión que refleja una imagen de un país en crisis.

Cabe señalar que el Gobierno había asegurado el pasado 23 de octubre, que velará por el funcionamiento normal de los servicios públicos ante la huelga general convocada por las principales centrales sindicales del país el próximo 29 de octubre.

El ministro de Comunicación y portavoz del Ejecutivo, Mustafa Jalfi que había calificado de "injustificable" la decisión de los sindicatos  apuntó que habrá penalización salarial para los huelguistas.

Las tres centrales sindicales más representativas de Marruecos son la Unión Marroquí del Trabajo, Confederación Democrática del Trabajo (CDT) -ambas de tendencia izquierdista- y la Federación Democrática del Trabajo (FDT que nació como escisión de la CDT) convocaron una huelga general de 24 horas para el próximo miércoles.

En esta convocatoria, a la que se sumaron una veintena de sindicatos, las organizaciones profesionales denuncian las medidas tomadas por el Gobierno como las últimas subidas de los precios de combustibles de automoción, de electricidad y agua, así como la reforma que plantea el Gobierno del sistema de subvenciones de los productos de primera necesidad.